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UCSIS revisa proceso de peticiones de ciudadanías a más de 2500 personas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está revisando el proceso de petición de la ciudadanía de más de 2,500 personas.

Esas personas se naturalizaron estadounidenses pero sospechan posibles fraudes cometidos durante sus trámites.

Vocera de la agencia federal informó que alrededor de 100 de los 2,500 casos “cuentan con una sospecha razonable”.

Los inmigrantes que están bajo sospecha del Estado son enviados al Departamento Federal para su deportación.

El DOJ se encargará de evaluar si inicia un proceso legal contra los inmigrantes en esos casos. Parte del proceso podría incluir retirarles la ciudadanía de EEUU, dijo la vocera Claire Nicholson.

La revisión de los trámites es parte de un plan multimillonario del gobierno del presidente Donald Trump.

Funcionarios federales han dicho que se trata de un esfuerzo para identificar personas que:

  • Hayan cometido fraude en los trámites de ciudadanía.
  • Cometió delitos antes de naturalizarse y no lo hayan declarado.

El gobierno anunció la formación de un grupo de abogados e investigadores que opera bajo USCIS y se encarga de analizar los procesos a nivel nacional aunque desde enero del 2017, se está revisando casos potenciales para revocación de la ciudadanía, dijo su director, L. Francis Cissna, a la Prensa Asociada.

El Departamento de Seguridad Nacional (bajo el que opera USCIS) planea dedicar unos $207.6 millones a otra iniciativa similar. Con ese dinero la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) contratará nuevos agentes para la división de Investigaciones.

Otra de las tareas de los investigadores ICE es identificar solicitantes a los que se les ordenó salir del país pero se quedaron y después se naturalizaron bajo otra identidad.

Para determinar posibles casos de fraude, los investigadores se enfocan en los récords de huellas dactilares en órdenes de deportación de la década de los 1990 y años anteriores, que no estaban digitalizadas. Esta información ahora está siendo comparada con archivos más recientes. Las autoridades planean referir unos 1,600 de ese tipo de casos al Departamento de Justicia.

Entre 1990 y el 2017 se presentaron apenas 305 casos legales de revocación de ciudadanía, un promedio de 11 al año.

Los esfuerzos para revocar ciudadanías no son nuevos pero se han acelerado con el gobierno de Trump, ya que el Gobierno creó un grupo especializado para investigar.

Activistas de inmigración y abogados expertos en naturalización temen que el plan se trate de un esfuerzo para asustar a los inmigrantes y que termine afectando a personas por fraudes cometidos hace décadas.



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